Al hilo de nuestra acción de acompañamiento al ICAM, sobre lo difícil que resulta que se reconozca una incapacidad, queremos comprender por qué estos conflictos con un organismo público como es el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) son tan habituales:
Compartimos el siguiente artículo, es breve y conciso… Se trata de dinero:
Si usted tiene la mala suerte de ser convocado por el ICAM para que, en funciones de Inspección de Servicios Sanitarios, revise su estado de salud estando en situación de incapacidad temporal, tiene una probabilidad enorme de que decreten su alta por “inspección médica”, con lo que, no sólo deberá reincorporarse inmediatamente a su trabajo, sino que además sufrirá otro efecto pernicioso: durante 6 meses cualquier proceso de incapacidad temporal que inicie deberá ser autorizado por el propio ICAM, incluso aunque se trate de distinta enfermedad, en contra de la doctrina del Tribunal Supremo -que autoriza al médico de familia a emitir esa nueva baja médica-.
¿Qué es lo que motiva que el ICAM actúe de dicha forma?, ¿por qué pisotea el ICAM el derecho de los trabajadores a causar procesos de incapacidad temporal con tanta virulencia?, ¿qué es lo que hace que no admitan el efecto invalidante de enfermedades como la fatiga crónica, la fibromialgia, o la sensibilidad química múltiple?, ¿por qué emiten continuamente dictámenes en que se niega que enfermedades graves sean incapacitantes?
Bien, ya lo explicábamos en otras entradas en este blog (click aquí), la cuestión, a pesar que ellos lo niegan, es puramente económica, y es que el ICAM percibe cantidades astronómicas por realizar sus funciones. Y el pagador es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y nadie muerde la mano que le da de comer (el INSS es quien corre con los gastos de la baja del trabajador, certificada por el ICAM). Y así resulta que, un organismo como el ICAM, con apenas 5 millones de presupuesto, percibirá del Ministerio de Empleo, una cantidad muy próxima a los 60 millones de euros!!!!
No, no es un invento nuestro. Recientemente ha sido publicado en el BOE la Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya para el control de la Incapacidad Temporal (IT) durante el periodo 2013-2016 (enlace aquí). El desglose de las partidas económicas es el siguiente:
- Para el año 2013, a la Administración de la Generalitat de Catalunya le corresponde la cantidad de 55.949.517,34 euros, resultante de distribuir el crédito de 315.023.458,60 euros.
- Para hacer frente a los costes por la aplicación en la Administración de la Generalitat de Catalunya, de lo regulado en el artículo 128 1.a) (según redacción dada por el artículo 1 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de la Seguridad Social), en el que se establece la necesidad de efectuar controles médicos en los procesos de IT, a fin de que agotados los primeros 365 días, el Director Provincial del INSS o ISM en cada provincia, resuelva lo procedente, el INSS en su Presupuesto para 2013, ha previsto la cantidad de 2.891.042 euros.
Entonces, con la excusa de “racionalizar el gasto de IT”, se dota económicamente al ICAM para que emitan altas médicas y denieguen incapacidades. No sólo no es justo, sino que es inmoral… Y, por cierto, ¿a qué se destinan los ingresos que percibe el ICAM?.. Seguro que el Sr. Boí nos los desvelará algún día.
Señores, la incapacidad temporal, antes que entenderla como un gasto para la Administración, es el derecho de los trabajadores -que para ello cotizan, junto con el empresario- a percibir un subsidio cuando necesitan recibir asistencia sanitaria y están impedidos para el trabajo. La solución, desde una lógica de carácter social, viene por reducir el tiempo de las bajas médicas y la frecuencia de las mismas, mediante un sistema sanitario eficiente -entre otras cosas, SIN LISTAS DE ESPERA- y con una adecuada política de salud en las empresas. Enviar a trabajar a personas enfermas no es ninguna solución.
Por contra, la Resolución indicada establece mecanismos de control del presupuesto entre la administración catalana, la estatal y las mutuas de accidentes de trabajo, brillando por su ausencia la simple presencia de representantes de los trabajadores, ¿y los sindicatos, dónde están?
En fin, recuerdo la cifra, casi diez mil millones de pesetas (10.000.000.000) destinados a perjudicar a los trabajadores enfermos… ¿Se imaginan si lo destinaran a mejorar nuestra asistencia sanitaria?
Texto original en: Otro blog más, por Miguel Arenas.
LAS KELLYS 