La subcontratación de trabajadores, una puerta abierta a la precariedad y a la ilegalidad

El pasado 26 de septiembre, el juzgado social número 14 de Barcelona dictaminó que Información y Comunicación Barcelona (ICB), la sociedad propiedad del Ayuntamiento de la capital catalana que gestiona BTV, deberá contratar indefinidamente siete empleados de BCN Audiovisual que trabajan en los servicios informativos y técnicos de la cadena pública. La sentencia, recurrida por la cadena, declara ilegal la cesión de los empleados de la filial de la productora Lavinia en BTV y sigue la línea de la que se dictó hace un año. La decisión judicial ha vuelto a poner el foco sobre una práctica, la cesión ilegal de trabajadores, presente en numerosos sectores y que constituye el último escalón de un hecho mucho más común, como es la subcontratación.

Pero, ¿cuándo una subcontratación se convierte en una cesión ilegal de trabajadores? De entrada, Paco Pérez, abogado del Col·lectiu Ronda explica qué es una subcontratación, basándose en lo que determina el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores: “Una subcontratación se da cuando una empresa deriva una parte de su proceso de producción a otra. Es legal cuando los trabajadores prestan servicio en las instalaciones de la compañía subcontratada, utilizando sus medios de producción y sujetos al poder de dirección empresarial de esta sociedad, que es quien determina la jornada y la organización del trabajo”. La cesión ilegal se produce, en cambio, “cuando los trabajadores subcontratados prestan servicio en las instalaciones de la empresa principal, utilizando los medios materiales de actividad de ésta y están sujetos, de forma directa o indirecta, en el su poder de dirección”.

La subcontratación está amparada en la libertad de empresa, pero eso no quita que sea un “mecanismo de precarización de las condiciones de trabajo y también de la salud laboral”, subraya Pérez. El abogado recalca que es un recurso defendido “desde la perspectiva empresarial o de determinados políticos con el argumento de la eficiencia, pero eso es mentira, es una falacia. Por ejemplo, si un hotel subcontrata la limpieza de las habitaciones no hay una mejora de la eficiencia, porque el trabajo es el mismo, sino que simplemente las trabajadoras cobran menos. Hablar de eficiencia es un eufemismo porque en realidad hablamos de una precarización de las condiciones de trabajo”. Básicamente esto es posible porque normalmente una subcontratación deriva de una gran empresa, que cuenta con representación sindical y un convenio propio que garantiza unas condiciones dignas en la plantilla, hacia una compañía más pequeña, que aplica un convenio sectorial que determina unas retribuciones inferiores.

Trabajadores de BTV denunciando cesión ilegal
Concentración de trabajadores de BTV en el juicio por la cesión ilegal

Mayor siniestralidad laboral
Paralelamente, la salud laboral también se resiente y la siniestralidad laboral es más elevada en las empresas subcontratadas, tal como han denunciado organizaciones sindicales. A pesar de que en principio deberían existir mecanismos de coordinación entre las diferentes empresas de una cadena de producción, la realidad es que a medida que se van sucediendo las subcontrataciones cada empresa suele ser más pequeña y destinar menos recursos a la salud laboral.

La subcontratación puede ser permanente o puntual. En el primer caso, por ejemplo, encontraríamos una empresa de automoción que contrata a otra para la fabricación de uno de los elementos del vehículo o una sociedad que, de forma permanente, deriva a otra sociedad las tareas de seguridad. La puntual se da cuando hay una necesidad temporal de contar con un trabajador en un momento concreto. Para cubrir esta demanda, aparecieron las empresas de trabajo temporal (ETT), legalizadas en 1994 durante el último gobierno de Felipe González. Inicialmente, la normativa permitía que el trabajador temporal cobrara menos que el sustituido, pero “el nivel de abuso llegó a un nivel tal que la normativa se cambió para establecer que el sueldo debía ser el mismo”, explica el abogado del Col·lectiu Ronda. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa. Y es que grandes compañías de ETT optaron por crear sociedades de servicios que, sin ser empresas de trabajo temporal, hacen las funciones de ceder puntualmente trabajadores, a los que pagan un sueldo mucho más bajo. Y aquí, normalmente, se detectan casos de cesión ilegal.

Necesidad de demandar
¿Qué puede hacer un trabajador si considera que es víctima de una cesión ilegal? Lo resume Paco Pérez: “Lo que yo le recomendaría es que se asesore con discreción y consulte a un abogado de su confianza. Si éste lo ve como él, se interpondrá una demanda. Debe tener claro que tiene mucho más que ganar que a perder, porque si gana el caso tiene el derecho a convertirse en trabajador fijo de la empresa principal y, por tanto, a que se le aplique su convenio, con la antigüedad que ya arrastre, y se le paguen las diferencias salariales que haya acumula”. El letrado admite, sin embargo, que se trata de procesos que pueden alargarse hasta un año. Ahora bien, recuerda, que es un ámbito donde la interposición de demandas es “el único mecanismo efectivo para regularización la situación”. Para ello, es básico que los trabajadores superen el desconocimiento de sus derechos y el miedo a recurrir a la justicia, algo que en parte se explica por el bajo nivel de sindicación de los empleados de las compañías subcontratadas.

Para abordar el fenómeno de manera más estructural, Pérez apuesta por que se modifique el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que desaparezca la subcontratación de la propia actividad y se limite la de la actividad diferente, y para que se incremente el papel de la Inspección de Trabajo en el control y la prevención de abusos. Mientras esto no ocurra, casos como los de los bomberos de Seat o Mercedes, que han conseguido sentencias favorables tras denunciar la cesión ilegal, no serán excepciones.

Texto original en: CRÍTIC, por Marc Font.

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